La crisis de la Restauración

por Pedro Voltes Bou


     El desastre colonial, promueve en España una reflexión honda y global acerca de las premisas que han conducido a él. La llamada «Generación del 98» practica un análisis concienzudo de los caracteres típicos de la cultura y la vida españolas diferenciando los permanentes de los superficiales y abogando por unas vías de restauración sociocultural del país que propugnan a la vez la activación de sus factores básicos, la revisión de mitos y rutinas que los han tergiversado y una aplicación a las realidades imperiosas de la vida que cierre el paso a ensueños y divagaciones. Este nuevo camino puede emprenderse según diversos estilos y así, se registra entre aquellos pensadores críticos la división entre «europeizantes» y «africanizantes», según que pongan acento en unos u otros valores sociales. La catástrofe de 1898 inspira necesariamente un repaso de la política española que la ha precedido y semejante retrospección, suscita también la división entre conservadores y renovadores tanto más matizada cuanto que la guerra contra Estados Unidos se ha desarrollado bajo un gobierno liberal presidido por Sagasta. Este gabinete es sustituido por el conservador de Francisco Silvela en 1899, el cual se propone fundamentalmente el arreglo de la confusa y angustiosa situación de la Hacienda. Raimundo Fernández Villaverde ha pasado a la historia como ministro de este ramo en dicho gobierno y su gestión señala una divisoria entre el montaje actual de las finanzas públicas y el del régimen anterior. Aparte de lanzar una emisión de 1200 millones de pesetas de deuda pública amortizable, consolidó otras emisiones anteriores de deuda flotante y modificó radicalmente la tributación implantando la contribución llamada de utilidades que versa en sus tres tarifas sobre el trabajo personal, las rentas del capital y el ejercicio de la industria y el comercio. Las reformas de Fernández Villaverde generaron un grave movimiento de protesta en Barcelona y con el nombre de «tancament de caixes», se produjo una huelga de contribuyentes que aportó muchos adictos al movimiento catalanista. También fueron refutadas por la Unión Nacional fundada por Basilio Paraíso y Joaquín Costa con destacada participación de Santiago Alba en Zaragoza en 1898. Provocó también molestia en los tenedores de deuda exterior que el ministro dispusiese que los intereses de la misma serían pagaderos en pesetas a los titulares españoles, con lo cual desapareció uno de los alicientes que habían estimulado la dedicación de los inversionistas españoles a la compra de deuda exterior, cosa que constituía una actividad dañosa para la cotización de la peseta.

     Sagasta vuelve a presidir el gobierno en 1901 y se enfrenta con el problema del crecimiento en número e influencia de las congregaciones religiosas que no acatan las disposiciones sobre su registro público y solicitud de autorización. La intención del gobierno de hacer cumplir la legislación en la materia, encolerizó a los sectores eclesiásticos, los cuales exigieron la autorización automática de todas las instituciones como condición previa a comenzar a negociar el asunto. La proximidad de la mayoría de edad del rey, que se declararía en 1902, indujo a aplazar esta controversia mediante un «modus vivendi» con el Vaticano que no se consolidó hasta 1912.

     Otro problema grave para el gobierno era el causado por las inquietudes obreras, tanto las de inspiración socialista como las anarquistas. En 1902 hubo graves desórdenes en Zaragoza y Barcelona por este motivo con una huelga general en la capital catalana. Cuidó de la pacificación el general Weyler, cuyos duros métodos provocaron repulsa hasta el extremo de ocasionar la caída del gobierno de Sagasta siendo el último que este político presidiría, muriendo el 5 de enero de 1903 pocos días después de dimitir.

     El 17 de mayo de 1902 Alfonso XIII fue declarado mayor de edad al cumplir dieciséis años. Había recibido una educación de estilo tradicional y los políticos se lamentaron de la tendencia que en él se advertía a imponer sus ideas sobre la gestión pública manifestada en lo que se estima como su primera actuación oficial, cual fue negarse a firmar un decreto del gobierno por el cual se clausuraban las academias militares con el propósito de reducir el desmesurado crecimiento del contingente de oficiales. Estos personalismos del monarca encontrarían terreno tanto más libre cuanto que habían desaparecido las grandes figuras de la política y sus sucesores, carentes de su aura y de su capacidad, no podían desarrollar largos períodos de gobierno, ni ganar estabilidad ni para sí ni para el país. Dentro de este cuadro de inquietudes vinieron a agravarse las de tipo regionalista y religioso, añadiéndose a las de orden social. Unos desórdenes graves ocurridos en Barcelona donde unos militares destruyeron la sede social del semanario catalanista "Cu-cut", condujeron a la promulgación de la Ley de Jurisdicciones de 1906 que preceptuaba que la justicia militar sería competente sobre los paisanos cuando estos fuesen inculpados de delitos contra la patria y el ejército. En este mismo año 1906, el rey Alfonso XIII contrajo matrimonio con la princesa Victoria Eugenia de Battenberg, nieta de la reina Victoria de Inglaterra, enlace que fue estimado como la terminación del influjo conservador y clerical sobre el monarca. En la misma época volvieron a suscitarse polémicas sobre cuestiones religiosas tales como la validez del matrimonio civil, debate en el cual el obispo de Tuy y los canónigos de Córdoba usaron argumentaciones tan extremadas de tono que el gobierno amenazó con procesarles. Después de unos meses de inestabilidad y desconcierto, los conservadores volvieron al poder en 1907 bajo el caudillaje del político mallorquín Antonio Maura, el cual ya había presidido el gobierno en 1903-1904.

     Las circunstancias de esta segunda presidencia forzaron a Maura a dedicarse de modo especial a la defensa del orden y también a una reforma imprescindible del régimen local y electoral con desarraigo del caciquismo. Estos dos propósitos tropezaron con enérgica oposición liberal y fueron igualmente censurados desde este bando los criterios mauristas, estimándolos demasiado autoritarios y conservadores. En Cataluña, las elecciones de 1907 dieron una resonante victoria a la coalición llamada Solidaridad Catalana, nacida como acto de protesta contra la Ley de Jurisdicciones. En el movimiento en cuestión participaban intensamente desde republicanos hasta carlistas. Su inquietud y su dominio de la calle y las masas, dejaban augurar jornadas de tensión en Cataluña y en el mismo año 1907, Maura vio promulgadas sus leyes de construcción de una nueva armada, fortalecimiento de la policía, instauración de tribunales industriales y mejora de las condiciones de trabajo de mujeres y niños.

     En el mes de julio de 1909 estalló en Marruecos la agresividad contra España que se había incubado en los tiempos anteriores y los rifeños atacaron a unos obreros españoles que construían un ferrocarril. Fue preciso no solamente mandar refuerzos, sino replantear la estructura de las tropas españolas en el norte de Marruecos para proporcionarles mayor holgura operativa. A tal fin, hubo que movilizar a los reservistas dentro del disgusto general que provocó esta medida y destacó la ciudad de Barcelona donde embarcaban muchos de los soldados enviados a Marruecos. Se desarrolló una huelga general en ella y la motivación de ésta pasó de referirse sólo a las quintas para comprender una vasta protesta revolucionaria contra el orden establecido aunque en su primera fase no encontró represión alguna. De suerte que las turbas se apoderaron de la calle y empezaron a dedicarse a mansalva a quemar conventos y templos sin atacar otro tipo de locales. Fueron precisos tres días de tiroteo callejero para someter este movimiento hasta que las tropas se hicieron cargo de la pacificación de la ciudad. Este conjunto de desórdenes se ha llamado "Semana Trágica" y dejó numerosas bajas y un volumen de destrucciones enorme para proclamar el estado de guerra en todo el país y comenzó una severa investigación de responsabilidades, en cuyo transcurso fueron procesados hasta los más lejanos de ellas comprendiendo un subnormal. Fue hecho prisionero y parece que, con disgusto del gobierno, Francisco Ferrer y Guardia que se había escabullido de Barcelona y a quien sin pruebas convincentes, se acusó de ser cabecilla de la revuelta. Ferrer había fundado a comienzos de siglo la "Escuela Moderna" en Barcelona, centro laico y anarquista que había atraído la hostilidad de la burguesía. Esta se reflejó en su anómalo proceso que levantó gran indignación en el extranjero, aún cuando en Barcelona no movió a una sola persona a pronunciarse para que Ferrer fuese juzgado si no con clemencia, por lo menos con justicia. El consejo de guerra que vio su causa, le condenó a muerte y la sentencia fue ejecutada. La sensación internacional que produjo el hecho, obligó al gobierno de Maura a dimitir y fue sustituido por el liberal Segismundo Moret, el cual había atacado duramente en el Congreso la actuación de su predecesor. Moret, al posesionarse de la presidencia, volvió a mandar a Barcelona a Weyler para imponer el orden, libertó a muchos de los presos políticos, calmó la situación de Marruecos y volvió a abrir negociaciones con Roma para resolver los conflictos religiosos pendientes mediante la firma de un concordato. Al año siguiente de 1910, Moret se ve obligado a dimitir y dejar paso a José Canalejas, quien se ha situado al frente de los liberales. Canalejas se dedica con apasionamiento a aplicar la legislación vigente a las instituciones religiosas, exigiendo su registro y que paguen impuestos si se dedican a la industria y al comercio y declara su propósito de restringir el número de casas religiosas y a la vez desarrollar el principio de libertad de cultos contenido en la Constitución. A finales del año 1910 promulga la famosa «ley del candado» que prohíbe la instalación de nuevas congregaciones religiosas en España hasta que se haya llegado a un acuerdo con Roma para la revisión del concordato. Algo más tarde, fue retirado el embajador de España ante la Santa Sede, los círculos vaticanistas insinuaron que contestarían con un acercamiento de la iglesia a la causa carlista pero las relaciones con España no se normalizaron hasta 1912.

     En Marruecos, los franceses pasaron a adoptar una presencia más activa y ambiciosa, en 1910 tomaron Fez con miras a predominar aplastantemente sobre la zona española. En el año siguiente, España reacciona enviando un cuerpo expedicionario a Larache, que toma esta ciudad, Arcila y Alcazarquivir. A partir de entonces, el gobierno determina reclutar tropas marroquíes «regulares» para lograr mantener una vigorosa presencia militar sin depender de una impopular presión sobre las quintas. En el mismo año 1911, Alemania envió al cañonero Panther al puerto de Agadir para efectuar una demostración de fuerza con el pretexto de proteger los intereses de su país. Este suceso contuvo a Francia en su política marroquí y permitió una mejor consolidación de la zona española, siquiera esta fuera nuevamente reducida en superficie por un tratado franco-español suscrito en 1912. A mediados de este año se produce en España una huelga general ferroviaria que sume al país en el caos y a la que Canalejas hace frente militarizando al personal de ferrocarriles que resulta obligado a seguir prestando servicio. En 1912, Canalejas presenta a las Cortes un proyecto de ley que permitirá a las cuatro diputaciones catalanas mancomunarse para resolver en común sus problemas de administración y desarrollo mientras se hallaba en discusión esta ley en el Congreso. Canalejas es asesinado el 12 de noviembre de 1912. «El desarrollo cultural, económico y social que indudablemente experimentó España durante los reinados de Alfonso XII y de su hijo Alfonso XIII, escribía Ignacio Olábarri, así como la gran catástrofe nacional que supuso la pérdida de las últimas colonias, exigían una progresiva adaptación de la España oficial de los políticos y caciques a esa España real en trance de modernización, exigían en definitiva, una democratización real de la vida política que llevase a las fuerzas vivas del país a la gobernación del Estado. Desgraciadamente y a pesar de los sucesivos intentos del regeneracionismo catalizado por el 98, del maurismo o del liberalismo democrático de Canalejas, el régimen no supo o no pudo integrar a las nuevas y masivas fuerzas políticas en formación (socialistas, regionalistas y la futura democracia cristiana) y se vio cómo a partir sobre todo de 1913, los partidos de turno se descomponían interiormente y naufragaron en el intento de resolver los difíciles problemas económico, social, religioso, regional, colonial y militar, siempre interrelacionados entre sí que se le planteaban desde comienzos del siglo en forma de violentas crisis politicosociales».

     En el decenio que contemplamos seguidamente, se desarrollan numerosos intento de contener y aplazar esta crisis esencial mediante recetas de cortos vuelos. Así, la herencia de Canalejas es recogida por el conde de Romanones, el cual desea ampliar la base del partido liberal atrayéndose a los republicanos moderados, política que es fogosamente refutada por Maura, a la vez que los problemas de cada día ponen a prueba la viabilidad de efímeras coaliciones. En 1913 el proyecto de ensanchar el liberalismo puede darse por fracasado y Romanones, es sustituido por los conservadores. No forma gobierno Maura sino Eduardo Dato, lo cual genera discordias dentro del campo conservador. En esta etapa se despacha la ley de creación de mancomunidades provinciales, la cual, a partir del año siguiente, permitirá que surja en Cataluña un organismo eficaz cuya obra cultural, económica, laboral, promotora de carreteras y redes telefónicas y al propio tiempo, restauradora del sentir nacional catalán que ha pasado a la historia con esplendor.

     En el primer decenio del siglo XX se experimentan en la economía española las radicales innovaciones que derivan de dos nuevas fuentes de riqueza que se comienzan a desarrollar en el país, la industria química, en primer término y también la industria eléctrica. La primera había empezado a instalarse, con decisiva intervención del capital extranjero en el último cuarto del siglo anterior y continuó creciendo en esos años. En 1904 se funda la fábrica de cemento de la Pobla de Lillet y se transforma en sociedad anónima la empresa Cros dedicada a la producción de fertilizantes químicos. En Lérida se instala unos años después la Ibérica del Ázoe, de la misma especialidad, mientras se multiplican por toda España las factorías de abonos que contribuyen a la modernización de las técnicas de cultivo. También nace en los primeros años del siglo, la industria de las grasas y aceites y se desarrolla la de sosas con el adelanto que representa la venida a España en 1903 de la compañía Solvay.

     La industria eléctrica había comenzado a instalarse a base de centrales térmicas a finales de siglo y dentro del actual, opta por los aprovechamientos hidráulicos, en 1901 se funda Iberduero, en 1903 la Cooperativa Eléctrica de Bilbao, en 1906 la Electra del Viesgo, al año siguiente Hidroeléctrica Española, en 1910 la Electra de Madrid y las análogas de Zaragoza y Valencia, en 1911 se funda en Toronto el grupo de Barcelona Traction que explotará los saltos del Pirineo catalán y al año siguiente, nace la Unión Eléctrica Madrileña. Seguirán a esta industria las de lámparas e instalaciones de alumbrado, radioelectricidad y teléfonos, así como el montaje de las líneas de tranvías eléctricos en las principales ciudades.

     El estallido de la Primera Guerra Mundial va a abrir una nueva época en la historia política y social de España, a pesar de que la nación declara, apenas comenzado el conflicto, su voluntad de permanecer neutral en él. Las simpatías e inclinaciones de los españoles estaban divididas, comprendiendo la propia familia real en la que la reina María Cristina era de nacimiento austriaco y la reina Victoria Eugenia inglés. Se puede bosquejar que estaban a favor de los aliados los grupos que profesaban tendencias avanzadas y progresistas y en el de Alemania y su bando los que sentían preferencia por las ideas conservadoras y autoritarias. Las Cortes, al reanudar sus sesiones tras el verano de 1914, acordaron el 30 de octubre revalidar la postura de neutralidad adoptada por el gobierno.

     A pesar de la inhibición del país ante la contienda, ésta repercutió hondamente en la economía y la sociedad españolas. Un sin número de traficantes pasa a vender toda suerte de géneros a los beligerantes, sobre todo Francia, desde ganado hasta buques, comprendiendo obviamente alimentos y las empresas reciben un alud de pedidos que las enriquece asombrosamente acostumbrando a muchas de ellas a un ritmo y a una baja calidad en la producción, que resultarán imposibles de reajustar cuando haya pasado la guerra. Las dificultades de abastecimiento de carbón inglés crean perturbaciones en los ferrocarriles y la navegación españoles, las cuales, junto con la alteración de los suministros exteriores, conducen a situaciones de escasez preo cupantes con la consecuencia de una subida de precios, que deprimió gravemente a las clases trabajadoras. Creció enormemente el volumen de las reservas en oro del Banco de España y el gobierno pudo repatriar numerosos títulos de la deuda pública. La guerra en el mar causa sensibles bajas en la flota mercante española (65 buques con 140000 toneladas). En el año 1917 llegaron a su clímax las estrecheces causadas por la guerra exterior y se produjeron desórdenes de signo muy variado. A mediados de 1916, en el ejército se habían comenzado a organizar las llamadas juntas de defensa que pretendían ser una transposición a la profesión militar de los sindicatos obreros cada vez más poderosos y actuar por tanto, en amparo del estamento castrense.

     Con la amenaza permanente de conflicto en Marruecos y desórdenes en el país, la postura de la oficialidad causaba preocupación y Romanones, que por un momento quiso reducirla, se vio obligado a dimitir y lo propio ocurrió a sus sucesores. Al propio tiempo, llegan noticias de la revolución soviética, que excitan considerablemente a los obreros y en Barcelona se reúnen en son desafiante los parlamentarios catalanes para exigir al gobierno una serie de reformas. En agosto de 1917 se desarrolla una huelga general revolucionaria convocada por la Unión General de Trabajadores (UGT). la cual apenas disimula sus inclinaciones republicanas. El ejército actuó duramente para la represión de este movimiento y en el país no se conoció otra autoridad que la de las juntas militares. Estas imponen un gobierno de coalición presidido por García Prieto (noviembre de 1917-marzo de 1918), que no puede dominar la situación y es relevado por otro de «unión nacional» presidido por Maura, que dura hasta noviembre de 1918, mes en que acaba la guerra mundial. En esta ocasión vuelven los liberales al gobierno que es presidido primero por García Prieto y luego por Romanones quien toma posesión el 5 de diciembre y se traslada a París a fin de reunirse con el presidente norteamericano Wilson. En la primavera de 1919, las autoridades militares de Barcelona se declararon en rebeldía ante las civiles y las expulsaron de la ciudad sin reacción adecuada del gobierno, el cual tuvo que dimitir y dejar paso a otro presidido por Maura y que duró sólo tres meses y fue relevado por otros igualmente efímeros, entre los cuales se contó uno encabezado por Dato, quien fue asesinado el 8 de marzo de 1921. La muerte del político conservador notablemente compenetrado con los problemas del trabajo, a los que dedicó una legislación cuidadosa, debilitó gravemente a este partido y por tanto, perjudicó la fluidez y eficacia del turno sostenido mejor o peor hasta entonces. Al propio tiempo, creció la agitación republicana y obrerista y en Barcelona, ésta última se polarizó en una sangrienta lucha entre los valedores de un sindicato único y los de los sindicatos libres protegidos por el empresariado. El final de la guerra mundial y el surgimiento de nuevas nacionalidades de base étnica, dieron alientos al movimiento catalanista, el cual tomó contacto con los del mismo propósito que estaban surgiendo en Galicia y el País Vasco. Los problemas de política interior recibieron en este tiempo la dañosa agravante de un recrudecimiento de los conflictos en la zona española de Marruecos, donde los rifeños venían sosteniendo una guerra de guerrillas que desgastaba a las tropas españolas obligando a aumentar el reclutamiento de quintos con la obvia impopularidad de este recurso. En 1921, el general Manuel Fernández Silvestre, estimulado por un irreflexivo aliento del rey, emprendió una operación en cuyo resultado tenía grandes esperanzas y que terminó con el desastre de Annual (21 de julio). que implicó la muerte del general probablemente por suicidio y gran número de sus oficiales y tropas y causó honda conmoción en el país. Cayó el gobierno y fue llamado Maura a presidir el que sería su quinto y último gabinete. Se reunió un ejército de 140000 hombres y fue enviado a Marruecos para remediar la situación. Con el fin de satisfacer la exigencia pública de una explicación del desastre padecido y los antecedentes de la penosa marcha de la campaña, se tomó la peligrosa medida de abrir una investigación, cuyo resultado habría de ser sometido al Congreso. El general Picasso cuidó de las averiguaciones correspondientes donde se traslucieron altas y complejas irnplicaciones en el triste curso de las operaciones de Marruecos que la situación política no podía permitirse ventilar. El mismo ejército reaccionó con cólera contra este «expediente Picasso», como se le llamó y rearguyó que las responsabilidades últimas de las desgracias africanas correspondían a los políticos. Estas tensiones se superpusieron a las que ya venían existiendo entre las juntas de defensa y el gobierno y éste procuró disolverlas sustituyéndolas por las llamadas juntas informativas, sin embargo, las primeras salieron vencedoras y obligaron a Maura a dimitir en marzo de 1922. Los debates del Congreso eran cada vez más corrosivos a medida que se conocían o presumían nuevos resultados de la investigación Picasso y los republicanos y los socialistas, insistieron en que se concretaran nombres y culpas para exigir a continuación su reparación. Esta actitud fue grata a las masas, las cuales la recompensaron en las elecciones de abril de 1923 dando notable respaldo a los socialistas. Debe añadirse el impacto que comenzó a tener en España la recesión de posguerra, que la frivolidad de los gobiernos y los empresarios no había previsto ni siquiera al nivel elemental de que el ritmo de producción de los años de la guerra mundial no podría continuar cuando ésta se acabase. La época era de aguda recesión industrial, con paro obrero y profunda inquietud laboral. Los gastos de la guerra en Marruecos ascendían a un promedio de 358 millones de pesetas al año, cuatro veces más que unos diez años antes, sangría que desequilibraba la hacienda y promovía remedios financieros de fachada que favorecían la inflación y aumentaban a través de ésta, el resentimiento y la ira de las clases populares.

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